Perfil epidemiológico, clínico y legal de pacientes judicializados del establecimiento penitenciario Lurigancho

Sr. Editor,

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en las Américas, entre el 19 y el 24% de la población adulta sufre algún trastorno mental, y alrededor del 70% de esta población no recibe tratamiento en los servicios de salud de la región1. En el Perú, las enfermedades neuropsiquiátricas son responsables de la mayor carga de la enfermedad2.

Y la situación médico legal es más grave aún. No existe un hospital psiquiátrico forense, mientras que en los hospitales del Ministerio de Salud, se encuentran 106 personas con inimputabilidad, concentrados principalmente en los tres nosocomios psiquiátricos de Lima3.

El Hospital Víctor Larco Herrera, el centro psiquiátrico más grande del país, solo cuenta con 12 camas en el servicio de psiquiatría forense; sin embargo, su cantidad de inimputables asciende a 42 hospitalizados, con una lista de espera de 72 personas4, declarándose recientemente en estado de emergencia para impedir el ingreso de los inimputables. Los otros centros especializados se encuentran en una situación problemática similar.

La situación se agrava por los excesivos plazos desproporcionados de las medidas de seguridad impuestos (hasta los 30 años), lo que contradice los criterios médico científicos actuales, y la negación de los jueces de levantar la medida de detención al paciente con condiciones de alta médica, entre muchos otros factores. Las personas judicializadas con trastornos mentales, como no son recibidas en los hospitales, deben permanecer en los establecimientos penitenciarios expuestos a numerosos abusos y condiciones infrahumanas, debido a sus limitaciones sociales, económicas y cognitivas.

La situación descrita llevó al Tribunal Constitucional del Perú a determinar "la violación masiva y/o generalizada de uno o varios derechos fundamentales (derecho a la salud, integridad personal, etc.)…», declarando la "existencia de un estado de cosas inconstitucional respecto de las personas que adolecen de enfermedad mental, dentro de las que se encuentran las personas sujetas a medidas de internación"5.

Por otro lado, se carece de estudios serios y actualizados que permitan conocer la magnitud y los diferentes aspectos de la problemática descrita, a pesar de su gran importancia social y legal con el compromiso de los derechos humanos fundamentales.

Para contribuir con el tema, se realizó un estudio de diseño observacional, descriptivo y de corte transversal. La población y muestra estuvo compuesta por los 39 pacientes judicializados hospitalizados en el servicio de psiquiatría del Establecimiento Penitenciario Lurigancho (en Lima, Perú), durante los años 2015-2016. Dicho establecimiento es el más grande del Perú, con aproximadamente 10.000 internos, y uno de los más hacinados de América Latina.

Además, es el único penal que cuenta con el servicio de hospitalización para los pacientes (solo varones) con trastornos mentales. Entre los hallazgos más importantes, se encontró que el diagnóstico más frecuente fue la esquizofrenia en el 48,7% de los casos, a la cual se puede agregar el 15,4% de la patología dual y el 5,1% de los trastornos esquizoafectivos.

Los trastornos mentales y del comportamiento, debido al consumo de múltiples sustancias psicoactivas, representaron el 15,4% de los casos. Los delitos cometidos se distribuyeron en cuatro grupos, según está estipulado en el Código Penal del Perú6, quedando claramente por encima el grupo de delitos contra la libertad sexual y el de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud (un 35,9% cada uno). En tres cuartas partes de los casos, la duración de la medida de seguridad impuesta fue de cinco años o más, con un máximo de 30 años.

Como resultado del estudio, se logró elaborar el siguiente perfil del paciente judicializado hospitalizado en el servicio de psiquiatría del Establecimiento Penitenciario Lurigancho, en Lima, Perú, 2015-2016: varón, de mediana edad, natural de Lima, con estudios de secundaria de diferentes años, soltero, sin hijos, desempleado o con ocupación eventual, con regular o escaso apoyo social, quien padece de esquizofrenia con predominancia de los síntomas negativos, cometió un delito contra la libertad sexual o contra la vida, el cuerpo y la salud, y está con medidas de seguridad de internación por cinco años o más. 

Sindeev A. Médico Psiquiatra. Magíster en Docencia Universitaria e Investigación Pedagógica. Instituto Nacional  Penitenciario del Perú. Universidad Norbert Wiener (Lima, Perú) (España)